Presentación: 🇩🇴Pilares de Nuestro Proyecto de Nación - Andrés Navarro Presidente
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Por un pacto nacional para impulsar el desarrollo local

Publicado el 2019-04-18 00:00:00 | Por Andrés Navarro García

Para que el desarrollo de República Dominicana sea sostenible es necesario establecer una
relación orgánica entre el contexto nacional y el ámbito local en la aplicación de las políticas
públicas. De esta forma las medidas macro estructurales serán diseñadas y ejecutadas
tomando en consideración su impacto a escala provincial y municipal, para que satisfazgan
necesidades locales y aprovechen, a la vez, las potencialidades de dichas demarcaciones.
En efecto, es necesario procurar que las políticas públicas nacionales tengan su versión
local, adecuándose a las necesidades y potencialidades de los municipios y las provincias.
Por su parte, las políticas públicas locales deberán tributar a políticas regionales y nacionales
a través de planes y programas. De esa forma el desarrollo nacional fomentará con
efectividad el desarrollo local y, a la vez, el desarrollo local se constituirá en base del
desarrollo sostenible del país.
Esta visión queda claramente reflejada en la Estrategia Nacional de Desarrollo establecida
mediante la ley 1-12, en su artículo 21 sobre los objetivos y líneas de acción. El objetivo
específico 1.1.2 establece lo siguiente: “Impulsar el desarrollo local, provincial y
regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión
de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras
instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las
oportunidades de los mercados globales”.
De dicho objetivo se desprenden varias líneas de acción encaminadas a establecer
y fortalecer una relación orgánica entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Entre ellas podemos citar las siguientes:
- Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los
gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera
articulada con el gobierno central.
- Identificar y resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre
autoridades municipales y centrales, para mejorar la coordinación en la
ejecución de las políticas nacionales y locales.
- Fortalecer los espacios de coordinación intermunicipal (mancomunidades y
asociaciones), a fin de implementar políticas que asciendan los límites
geográficos de municipios particulares y potenciar y generar sinergias y
economías de escala en el uso de los recursos municipales disponibles.
- Impulsar el desarrollo de polos regionales y otros esquemas de desarrollo
local, fundamentados en la creación de ventajas competitivas y fomento a la
innovación, que cuenten con las infraestructuras y servicios de apoyo
requeridos y la necesaria coordinación entre empresas y centros académicos.
Merece una atención especial el lineamiento encaminado a fortalecer el
asociativismo de municipios y distritos municipales, ya sea en formato de

asociaciones o de mancomunidades, pues este tipo de figura organizacional
colegiada facilitará la relación de lo nacional con lo local, en función de agendas
comunes en una región determinada. En efecto, tomando en cuenta que, conforme
a los datos del 2012 de la Oficina Nacional de Estadísticas, República Dominicana
cuenta con 158 municipios y 232 distritos municipales, para un total de 390
gobiernos locales, implicaría una gran dispersión el intento de establecer una
relación particular del gobierno nacional con cada entidad local. Tal atomización de
la relación entre lo nacional y lo local se traduciría en deficiencia administrativa ante
los retos del desarrollo.
Gobierno nacional y gobiernos locales.
Hasta el momento, en la historia del Estado dominicano, no se ha logrado una
alianza estratégica para el desarrollo del país, en la cual se materialice la visión de
que el desarrollo nacional debe fraguarse en el desarrollo local. Es necesario
apostar a que es posible materializar esa visión con una nueva concepción del
desarrollo y de las políticas públicas en República Dominicana. Si continuamos
relegando para otro momento la necesaria articulación entre el gobierno nacional y
los gobiernos locales, seguiremos perdiendo grandes oportunidades de optimización
de recursos, de aprovechamiento de potencialidades y de efectividad de las
actuaciones públicas.
Cuando no se logra una relación orgánica entre lo nacional y lo local en los procesos de
desarrollo, se reduce el potencial de alcance de las metas del país. Esa desarticulación
aumenta el riesgo de que los programas y proyectos de escala nacional o regional generen
impactos negativos en comunidades locales. Es el caso de las infraestructuras de carreteras
regionales que son diseñadas sin considerar las formas en que pueden fomentar el
desarrollo de las comunidades rurales y urbanas por las que pasan, generándoles graves
problemas de accesibilidad, de circulación y ambientales. Incluso en algunos casos estas
infraestructuras inducen la ocupación irregular del suelo en ciudades grandes y medias.
Por su parte, dicha desarticulación impide que las potencialidades de las comunidades
locales puedan desarrollarse para tributar a las estrategias nacionales de desarrollo, pues
ante la indiferencia de las entidades nacionales sobre la realidad local, las instituciones
provinciales y municipales tienden a promocionar un desarrollo localista sin preveer el
aporte que puedan hacer con sus políticas al entorno de su demarcación. Eso es lo que
explica la indiferencia de muchas autoridades locales y sus comunidades hacia los
programas y planes sectoriales de escala nacional.
Contrato social por el desarrollo local.
De esa forma, lo nacional avanzando hacia una dirección y lo local caminando en dirección
contraria, no será posible lograr el desarrollo sostenible de República Dominicana. Para
superar este distanciamiento se requiere que el gobierno nacional establezca una alianza
estratégica con los gobiernos locales del Distrito Nacional, de los municipios y de los
distritos municipales. Dicha alianza debe enmarcarse en la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo de las
provincias y municipios.

Dicha alianza debe quedar plasmada en un contrato social entre el gobierno nacional, los
gobiernos locales (con sus asociaciones), la Liga Municipal Dominicana, el sector privado y el
sector social. A esto le denominamos Pacto Nacional por el Desarrollo Local. En el mismo
deberán especificarse los compromisos de cada sector para tributar al desarrollo de las
comunidades y al desarrollo nacional, con principios como Corresponsabilidad,
Colaboración, Complementariedad, Subsidiariedad, Equidad y Sostenibilidad.


Santo Domingo, D.N.
Abril 2019.

Últimos Artículos

El territorio como base del desarrollo nacional

12 DE AGOSTO, 2016
<p>Siendo un Estado insular, República Dominicana debe asumir como sagrado el cometido de la defensa, cuidado y desarrollo de su territorio. De los 77,000 Km2 con que cuenta la isla de Santo Domingo, compartida por República Dominicana y Haití, nuestro país posee unos 48,442 Km2, es decir las dos terceras partes. Siendo éste el único caso de su tipo en el mundo: una isla compartida por dos estados soberanos, con diferencias substanciales en nivel de desarrollo, organización política, patrones culturales, idioma, condicionamientos históricos, entre otros factores.</p> <p>Ahora bien, desde nuestra visión de Estado, el territorio es mucho más que una extensión de terreno pura y simple. El territorio es el ámbito natural en el cual se desenvuelve la vida, condicionado por la infraestructura y la estructura social cuando hace presencia el ser humano con sus obras. Por tal razón, la complejidad territorial de mayor grado es la resultante de, al menos, tres dimensiones, a saber: la natural, la sociocultural y la tecnológica.  Entendido así, nos damos cuenta de que el territorio debe ser el denominador común de las políticas públicas para el desarrollo nacional.</p> <p>Ahora bien, es necesario pasar de la abstracción conceptual del territorio a la realidad concreta en la cual aplicamos las políticas públicas a través de planes, programas, proyectos y acciones. En tal sentido, en términos llanos podemos definir el territorio como el lugar donde vive la gente: el barrio o la comunidad, la ciudad, el municipio, la provincia, la región, el país. Esas demarcaciones administrativas o políticas nos facilitan aprender la noción de territorio, identificando condiciones naturales, de infraestructuras, edificaciones, estructuras sociales y manifestaciones culturales.</p> <p>En el caso de República Dominicana el territorio es altamente heterogéneo a pesar de su limitada extensión. En efecto, nuestro territorio cuenta con microclimas húmedos, secos y áridos. A la vez, posee llanuras costeras, valles, sierras, cordilleras y cuencas hidrográficas de diversas escalas. A estas condiciones geográficas se suman las diferenciaciones tecnológicas y culturales, marcando las múltiples expresiones territoriales de las localidades.</p> <p>A esa heterogeneidad territorial le acompañan las diferentes categorías de división administrativa y política del Estado dominicano, a saber: regiones, provincias, municipios y distritos municipales. Actualmente se cuenta con 10 regiones, para la planificación y la gestión de políticas públicas; con un Distrito Nacional,  asiento de la Capital de la República, con funciones político-administrativas y un gobierno local autónomo; con 31 provincias con funciones político-administrativas y gobernaciones dependientes del Poder Ejecutivo; con 158 municipios y 232 distritos municipales con funciones político-administrativas y gobiernos locales.</p> <p>Por esa diversidad de localidades con características distintas, si se pretende auspiciar el desarrollo integral de la Nación, se hace necesario asumir el reconocimiento de las condiciones y potencialidades del territorio de cada demarcación. En el marco de las condiciones de cada localidad, nos corresponde identificar sus características, problemáticas y necesidades; en el ámbito de las potencialidades, se requiere identificar la vocación y las oportunidades de desarrollo que presenta.</p> <p>Por dicha razón, podríamos establecer una taxonomía municipal que permita clasificar las localidades sobre la base de sus condiciones y potencialidades territoriales.  De esa forma se lograría facilitar tanto el diseño como la aplicación de políticas de desarrollo a escala nacional y local. Por ejemplo, es diferente la situación de un municipio como Boca Chica que la situación de un municipio como Loma de Cabrera.</p> <p>Boca Chica, con población predominantemente urbana, se encuentra en un territorio de llanura costera en la zona metropolitana de Santo Domingo, con tradición en turismo local e internacional, presencia de hoteles de diversas categorías, una marina y grandes infraestructuras de logística como el Aeropuerto Internacional de las Américas y el Puerto Multimodal Caucedo; a la vez, presenta grandes precariedades en infraestructura de servicios y habitabilidad en su casco urbano. Por su lado, Loma de Cabrera, con población predominantemente rural, está ubicado en un territorio montañoso en la zona fronteriza, con vocación agrícola, presentando limitaciones de infraestructura de accesibilidad, de servicios y de producción.</p> <p>Como se evidencia, las diferenciaciones en condiciones y potencialidades territoriales de cada localidad podrán determinar las políticas públicas para el desarrollo, de forma que no se apliquen indiscriminadamente en el ámbito nacional. Esa estrategia de gestión del desarrollo permitirá una actuación gubernamental más efectiva en procura del desarrollo económico, de la justicia social y del manejo responsable de los recursos naturales. Por otra parte, es necesario considerar que el territorio dominicano está sometido a grandes riesgos, tomando en cuenta amenazas como los diversos efectos del cambio climático, los movimientos telúricos, la desertificación, el crimen organizado transnacional, la inmigración masiva irregular, la ocupación descontrolada del suelo, la explotación no sustentable de recursos naturales, entre otros. Estas amenazas representan importantes riesgos para el país, al adolecer de grandes debilidades institucionales en el ámbito de la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, del ordenamiento territorial, de la gestión fronteriza, de la gestión local, entre otros.</p> <p>Entendiendo el territorio como el factor estratégico del desarrollo sostenible de República Dominicana, y verificando el alto grado de riesgos al que está sometido, se requiere un gobierno centrado en su gestión integral. En el territorio es que se desenvuelve la cotidianidad de la gente, es donde nace, donde se forma en una familia y en una comunidad, es donde estudia, donde trabaja, donde disfruta o padece, es donde transcurre la vida del hombre y la mujer dominicanos, es donde a fin de cuentas puede perfilar su futuro.</p> <p>Todas las políticas públicas generales y sectoriales deben tener una traducción territorial para garantizar que impacten en la calidad de vida de la gente. Las políticas de empleo, de producción, de comercio, de turismo, de transparencia e integridad gubernamental, de reforma y modernización del Estado, de seguridad ciudadana, de seguridad nacional, de salud, de educación, de mujer, de juventud, de medio ambiente, de infraestructura, entre otras, deben abordar el territorio como su ámbito final de aplicación. La vivienda, el barrio o el poblado, el municipio, la provincia, la región y el país se constituyen en los escenarios territoriales en los cuales debemos atender los problemas de la gente, apoyándoles en la  materialización de sus sueños.</p>
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Por políticas públicas responsables

12 DE AGOSTO, 2016
<p>En República Dominicana la deuda social acumulada ha determinado que gran parte de la<br />población esté atenta solo a los resultados inmediatos que las acciones coyunturales<br />puedan reportarle. Eso ha determinado que hoy nos encontremos en medio de un círculo<br />vicioso en el cual la clase política prioriza las acciones de corto plazo con resultados<br />tangibles sobre la base de que “eso es lo que quiere la gente”. A su vez, la gente prefiere<br />apostar por soluciones inmediatas a los problemas menudos porque no confía en que se<br />cumplirán las promesas de solución de los problemas más complejos. Con esa lógica de<br />actuación jamás podremos desencadenar procesos de desarrollo sostenible en nuestro país.<br />La pregunta clave es: ¿cómo podemos hacer de las políticas públicas actuaciones que den<br />respuestas inmediatas a problemas cotidianos y que, a su vez, estén dirigidas a reportar<br />resultados de mediano y largo plazo para resolver problemas estructurales? Desde mi punto<br />de vista, las respuestas podrían ser diversas, dependiendo de si se está en el gobierno o en<br />la oposición, de si se basa en un pensamiento conservador o progresista, de si se es parte de<br />una experiencia nacional o local, entre otras condicionantes.<br />Sin embargo, entiendo que las respuestas a dicha cuestionante no deben ser ajenas a<br />ciertos criterios básicos que sirvan para superar ese círculo vicioso. En ese sentido, un<br />Estado moderno debe caracterizarse por el establecimiento de políticas públicas que<br />garanticen el desarrollo sostenible de la sociedad. En el caso de República Dominicana se<br />requiere partir de su Estrategia Nacional de Desarrollo. Hoy en día, dicha estrategia amerita<br />una evaluación que determine el grado alcanzado en sus metas y, a la vez, que permita su<br />actualización en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.<br />Otro criterio es que las políticas públicas se desprendan de la Estrategia Nacional de<br />Desarrollo y que reflejen un alto grado de responsabilidad del Estado, en tanto cursos de<br />actuación para los planes, programas y proyectos en los diversos sectores. Partimos de la<br />concepción de que toda política pública para ser responsable debe reunir cuatro<br />condiciones al menos: a) Ser institucionalmente legal, b) Ser técnicamente confiable, c) Ser<br />económicamente financiable y d) Ser socialmente legítima. Esto nos remite al apego a las<br />normas, al rigor en la formulación, a la calidad del gasto y a la participación social en el<br />desarrollo del país.<br />Institucionalmente legal<br />Es necesario garantizar que las políticas públicas estén apegadas al marco jurídico del sector<br />o los sectores de incidencia para que cuenten con solidez institucional. El apego a las<br />normas debe implicar no solo actuar conforme a la estructura legal en cada ámbito de<br />desarrollo de República Dominicana, sino también debe mover a la revisión de las leyes y<br />reglamentos para garantizar que las actuaciones del gobierno respondan a los retos del<br />presente.</p> <p>A su vez, es importante que la institucionalidad de gestión de cada política cuente con el<br />debido soporte de la Ley Orgánica 247-12 de la Administración Pública y de las leyes propias<br />de cada entidad gubernamental. De esta forma se podrán evitar males que reducen, y hasta<br />anulan, la efectividad de las políticas públicas como la usurpación de funciones, la<br />duplicidad de competencias o la incapacidad de coordinación interinstitucional, entre otros.<br />Técnicamente confiable<br />El rigor en la formulación de las políticas públicas debe iniciar con el uso de evidencias sobre<br />el origen, naturaleza y alcance de los problemas que se pretenden enfrentar. Dichas<br />evidencias deben ser aportadas por la investigación científica de la realidad a intervenir, de<br />forma que podamos superar la mala práctica de actuar sobre la base de supuestos,<br />prejuicios o instintos de los tomadores de decisiones.<br />Por otra parte, es necesario el establecimiento de una estructura de contenido que facilite<br />la definición de planes, programas y proyectos conforme a los objetivos y metas a alcanzar<br />por cada política pública. Igualmente es recomendable que se garantice un sentido de<br />integralidad entre los diversos niveles de actuación que permita impactos positivos entre<br />unos proyectos y otros, en un ambiente de sinergia.<br />Ahora bien, junto al buen diseño de la estructura y los contenidos de las políticas es preciso<br />garantizar el establecimiento de un sistema de indicadores que permita su monitoreo y<br />evaluación. La métrica de seguimiento a las actuaciones públicas es lo que permite realizar<br />las adecuaciones oportunas para asegurar el éxito en la procura de los resultados<br />esperados. Lo que no se mide, no mejora.<br />Económicamente financiable<br />Podríamos contar con políticas públicas bien diseñadas sin lograr ser efectivas, si por el<br />alcance o el ritmo de ejecución su financiamiento no queda garantizado a mediano y largo<br />plazo. Debemos recordar que la sostenibilidad financiera de la actuación del Estado es una<br />variable clave para la continuidad y reproducción de las acciones en cada ámbito de<br />desarrollo.<br />La calidad del gasto debe partir desde el mismo diseño del presupuesto de cada política<br />pública, conforme a su alcance y a la disponibilidad de recursos para el año fiscal<br />correspondiente. Dicha calidad estará sustentada en el rigor de la ejecución presupuestaria,<br />cumpliendo con las normas y procedimientos de administración pública.<br />Socialmente legítima<br />Un Estado moderno debe caracterizarse por actuaciones no solo legales, sino también<br />legítimas. Para que las políticas públicas sean legítimas deben contar con una base social<br />que la sustente, a través de mecanismos de participación social en las diversas etapas de su<br />desarrollo.</p> <p>La participación de las organizaciones sociales en el establecimiento de las políticas públicas<br />facilita la articulación de la ciudadanía en el quehacer público, promoviendo el desarrollo de<br />una cultura de corresponsabilidad Estado – Sector Privado – Sociedad Civil. Esta es la vía<br />más efectiva de construir y fortalecer el Capital Social, definido como el grado de confianza<br />que los ciudadanos tienen entre sí y sus instituciones.<br />Cuando logramos que las políticas públicas cuenten con estas cuatro características les<br />conferimos un carácter de actuación de Estado y reducimos la probabilidad de fractura ante<br />los posibles cambios de funcionarios o de gobiernos. Las políticas públicas responsables<br />representan una condición fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra nación y<br />deben ser parte del cambio institucional que amerita urgentemente el Estado dominicano.</p> <p>La pregunta clave es: ¿cómo podemos hacer de las políticas públicas actuaciones que den respuestas inmediatas a problemas cotidianos y que, a su vez, estén dirigidas a reportar resultados de mediano y largo plazo para resolver problemas estructurales? Desde mi punto de vista, las respuestas podrían ser diversas, dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición, de si se basa en un pensamiento conservador o progresista, de si se es parte de una experiencia nacional o local, entre otras condicionantes.</p> <p>Sin embargo, entiendo que las respuestas a dicha cuestionante no deben ser ajenas a ciertos criterios básicos que sirvan para superar ese círculo vicioso. En ese sentido, un Estado moderno debe caracterizarse por el establecimiento de políticas públicas que garanticen el desarrollo sostenible de la sociedad. En el caso de República Dominicana se requiere partir de su Estrategia Nacional de Desarrollo. Hoy en día, dicha estrategia amerita una evaluación que determine el grado alcanzado en sus metas y, a la vez, que permita su actualización en el marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.</p> <p>Otro criterio es que las políticas públicas se desprendan de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que reflejen un alto grado de responsabilidad del Estado, en tanto cursos de actuación para los planes, programas y proyectos en los diversos sectores. Partimos de la concepción de que toda política pública para ser responsable debe reunir cuatro condiciones al menos: a) Ser institucionalmente legal, b) Ser técnicamente confiable, c) Ser económicamente financiable y d) Ser socialmente legítima. Esto nos remite al apego a las normas, al rigor en la formulación, a la calidad del gasto y a la participación social en el desarrollo del país.</p> <p><strong>Institucionalmente legal</strong><br />Es necesario garantizar que las políticas públicas estén apegadas al marco jurídico del sector o los sectores de incidencia para que cuenten con solidez institucional. El apego a las normas debe implicar no solo actuar conforme a la estructura legal en cada ámbito de desarrollo de República Dominicana, sino también debe mover a la revisión de las leyes y reglamentos para garantizar que las actuaciones del gobierno respondan a los retos del presente.</p> <p>A su vez, es importante que la institucionalidad de gestión de cada política cuente con el debido soporte de la Ley Orgánica 247-12 de la Administración Pública y de las leyes propias de cada entidad gubernamental. De esta forma se podrán evitar males que reducen, y hasta anulan, la efectividad de las políticas públicas como la usurpación de funciones, la duplicidad de competencias o la incapacidad de coordinación interinstitucional, entre otros.</p> <p><strong>Técnicamente confiable</strong><br />El rigor en la formulación de las políticas públicas debe iniciar con el uso de evidencias sobre el origen, naturaleza y alcance de los problemas que se pretenden enfrentar. Dichas evidencias deben ser aportadas por la investigación científica de la realidad a intervenir, de forma que podamos superar la mala práctica de actuar sobre la base de supuestos, prejuicios o instintos de los tomadores de decisiones.</p> <p>Por otra parte, es necesario el establecimiento de una estructura de contenido que facilite la definición de planes, programas y proyectos conforme a los objetivos y metas a alcanzar por cada política pública. Igualmente es recomendable que se garantice un sentido de integralidad entre los diversos niveles de actuación que permita impactos positivos entre unos proyectos y otros, en un ambiente de sinergia.</p> <p>Ahora bien, junto al buen diseño de la estructura y los contenidos de las políticas es preciso garantizar el establecimiento de un sistema de indicadores que permita su monitoreo y evaluación. La métrica de seguimiento a las actuaciones públicas es lo que permite realizar las adecuaciones oportunas para asegurar el éxito en la procura de los resultados esperados. Lo que no se mide, no mejora.</p> <p><strong>Económicamente financiable</strong><br />Podríamos contar con políticas públicas bien diseñadas sin lograr ser efectivas, si por el alcance o el ritmo de ejecución su financiamiento no queda garantizado a mediano y largo plazo. Debemos recordar que la sostenibilidad financiera de la actuación del Estado es una variable clave para la continuidad y reproducción de las acciones en cada ámbito de desarrollo.</p> <p>La calidad del gasto debe partir desde el mismo diseño del presupuesto de cada política pública, conforme a su alcance y a la disponibilidad de recursos para el año fiscal correspondiente. Dicha calidad estará sustentada en el rigor de la ejecución presupuestaria, cumpliendo con las normas y procedimientos de administración pública.</p> <p><strong>Socialmente legítima</strong><br />Un Estado moderno debe caracterizarse por actuaciones no solo legales, sino también legítimas. Para que las políticas públicas sean legítimas deben contar con una base social que la sustente, a través de mecanismos de participación social en las diversas etapas de su desarrollo.</p> <p>La participación de las organizaciones sociales en el establecimiento de las políticas públicas facilita la articulación de la ciudadanía en el quehacer público, promoviendo el desarrollo de una cultura de corresponsabilidad Estado - Sector Privado - Sociedad Civil. Esta es la vía más efectiva de construir y fortalecer el Capital Social, definido como el grado de confianza que los ciudadanos tienen entre sí y sus instituciones.</p> <p>Cuando logramos que las políticas públicas cuenten con estas cuatro características les conferimos un carácter de actuación de Estado y reducimos la probabilidad de fractura ante los posibles cambios de funcionarios o de gobiernos. Las políticas públicas responsables representan una condición fundamental para el desarrollo sostenible de nuestra nación y deben ser parte del cambio institucional que amerita urgentemente el Estado dominicano.</p>
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Por un pacto nacional para impulsar el desarrollo local

12 DE AGOSTO, 2016
<p>Para que el desarrollo de República Dominicana sea sostenible es necesario establecer una<br />relación orgánica entre el contexto nacional y el ámbito local en la aplicación de las políticas<br />públicas. De esta forma las medidas macro estructurales serán diseñadas y ejecutadas<br />tomando en consideración su impacto a escala provincial y municipal, para que satisfazgan<br />necesidades locales y aprovechen, a la vez, las potencialidades de dichas demarcaciones.<br />En efecto, es necesario procurar que las políticas públicas nacionales tengan su versión<br />local, adecuándose a las necesidades y potencialidades de los municipios y las provincias.<br />Por su parte, las políticas públicas locales deberán tributar a políticas regionales y nacionales<br />a través de planes y programas. De esa forma el desarrollo nacional fomentará con<br />efectividad el desarrollo local y, a la vez, el desarrollo local se constituirá en base del<br />desarrollo sostenible del país.<br />Esta visión queda claramente reflejada en la Estrategia Nacional de Desarrollo establecida<br />mediante la ley 1-12, en su artículo 21 sobre los objetivos y líneas de acción. El objetivo<br />específico 1.1.2 establece lo siguiente: “Impulsar el desarrollo local, provincial y<br />regional, mediante el fortalecimiento de las capacidades de planificación y gestión<br />de los municipios, la participación de los actores sociales y la coordinación con otras<br />instancias del Estado, a fin de potenciar los recursos locales y aprovechar las<br />oportunidades de los mercados globales”.<br />De dicho objetivo se desprenden varias líneas de acción encaminadas a establecer<br />y fortalecer una relación orgánica entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.<br />Entre ellas podemos citar las siguientes:<br />- Fortalecer las capacidades técnicas, gerenciales y de planificación de los<br />gobiernos locales para formular y ejecutar políticas públicas de manera<br />articulada con el gobierno central.<br />- Identificar y resolver los conflictos de competencias y atribuciones entre<br />autoridades municipales y centrales, para mejorar la coordinación en la<br />ejecución de las políticas nacionales y locales.<br />- Fortalecer los espacios de coordinación intermunicipal (mancomunidades y<br />asociaciones), a fin de implementar políticas que asciendan los límites<br />geográficos de municipios particulares y potenciar y generar sinergias y<br />economías de escala en el uso de los recursos municipales disponibles.<br />- Impulsar el desarrollo de polos regionales y otros esquemas de desarrollo<br />local, fundamentados en la creación de ventajas competitivas y fomento a la<br />innovación, que cuenten con las infraestructuras y servicios de apoyo<br />requeridos y la necesaria coordinación entre empresas y centros académicos.<br />Merece una atención especial el lineamiento encaminado a fortalecer el<br />asociativismo de municipios y distritos municipales, ya sea en formato de</p> <p>asociaciones o de mancomunidades, pues este tipo de figura organizacional<br />colegiada facilitará la relación de lo nacional con lo local, en función de agendas<br />comunes en una región determinada. En efecto, tomando en cuenta que, conforme<br />a los datos del 2012 de la Oficina Nacional de Estadísticas, República Dominicana<br />cuenta con 158 municipios y 232 distritos municipales, para un total de 390<br />gobiernos locales, implicaría una gran dispersión el intento de establecer una<br />relación particular del gobierno nacional con cada entidad local. Tal atomización de<br />la relación entre lo nacional y lo local se traduciría en deficiencia administrativa ante<br />los retos del desarrollo.<br />Gobierno nacional y gobiernos locales.<br />Hasta el momento, en la historia del Estado dominicano, no se ha logrado una<br />alianza estratégica para el desarrollo del país, en la cual se materialice la visión de<br />que el desarrollo nacional debe fraguarse en el desarrollo local. Es necesario<br />apostar a que es posible materializar esa visión con una nueva concepción del<br />desarrollo y de las políticas públicas en República Dominicana. Si continuamos<br />relegando para otro momento la necesaria articulación entre el gobierno nacional y<br />los gobiernos locales, seguiremos perdiendo grandes oportunidades de optimización<br />de recursos, de aprovechamiento de potencialidades y de efectividad de las<br />actuaciones públicas.<br />Cuando no se logra una relación orgánica entre lo nacional y lo local en los procesos de<br />desarrollo, se reduce el potencial de alcance de las metas del país. Esa desarticulación<br />aumenta el riesgo de que los programas y proyectos de escala nacional o regional generen<br />impactos negativos en comunidades locales. Es el caso de las infraestructuras de carreteras<br />regionales que son diseñadas sin considerar las formas en que pueden fomentar el<br />desarrollo de las comunidades rurales y urbanas por las que pasan, generándoles graves<br />problemas de accesibilidad, de circulación y ambientales. Incluso en algunos casos estas<br />infraestructuras inducen la ocupación irregular del suelo en ciudades grandes y medias.<br />Por su parte, dicha desarticulación impide que las potencialidades de las comunidades<br />locales puedan desarrollarse para tributar a las estrategias nacionales de desarrollo, pues<br />ante la indiferencia de las entidades nacionales sobre la realidad local, las instituciones<br />provinciales y municipales tienden a promocionar un desarrollo localista sin preveer el<br />aporte que puedan hacer con sus políticas al entorno de su demarcación. Eso es lo que<br />explica la indiferencia de muchas autoridades locales y sus comunidades hacia los<br />programas y planes sectoriales de escala nacional.<br />Contrato social por el desarrollo local.<br />De esa forma, lo nacional avanzando hacia una dirección y lo local caminando en dirección<br />contraria, no será posible lograr el desarrollo sostenible de República Dominicana. Para<br />superar este distanciamiento se requiere que el gobierno nacional establezca una alianza<br />estratégica con los gobiernos locales del Distrito Nacional, de los municipios y de los<br />distritos municipales. Dicha alianza debe enmarcarse en la Agenda 2030 de Desarrollo<br />Sostenible, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los planes de desarrollo de las<br />provincias y municipios.</p> <p>Dicha alianza debe quedar plasmada en un contrato social entre el gobierno nacional, los<br />gobiernos locales (con sus asociaciones), la Liga Municipal Dominicana, el sector privado y el<br />sector social. A esto le denominamos Pacto Nacional por el Desarrollo Local. En el mismo<br />deberán especificarse los compromisos de cada sector para tributar al desarrollo de las<br />comunidades y al desarrollo nacional, con principios como Corresponsabilidad,<br />Colaboración, Complementariedad, Subsidiariedad, Equidad y Sostenibilidad.</p> <p><br />Santo Domingo, D.N.<br />Abril 2019.</p>
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